Diez países, un patrón: el nuevo control sobre las organizaciones sociales en la región y cómo se ve en Ecuador
Un informe de Fundamedios y Thomson Reuters llega con datos concretos sobre lo que el nuevo marco regulatorio significa y en Ecuador, la transición de declarativo a control intensivo ya es una realidad que se siente en la operación diaria.
El informe "Una generación de leyes que bloquean el espacio cívico en América Latina" documenta el giro que Ecuador ha dado respecto a las organizaciones de la sociedad civil. Acá tratamos de traducir qué implica eso en la práctica.
1. Clasificación por niveles de riesgo
La Ley Orgánica de Transparencia Social establece niveles de riesgo (bajo, medio y alto) que definen qué debe reportar cada organización, con qué frecuencia y qué tan intensos son los controles. Conocer en qué nivel está tu organización define la carga operativa y legal. Lo que el informe señala, y vale la pena tener claro, es que los criterios para esa clasificación otorgan a la autoridad un amplio margen de apreciación, lo que genera incertidumbre sobre qué organización termina en qué nivel y por qué. Estos criterios dependerán de la normativa secundaria que emitirá la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta es la institución que vela por el cumplimiento de esta Ley.
2. Debida diligencia y trazabilidad de fondos
La normativa exige conocer a tus contrapartes y rastrear: quién dona, a quién se transfiere, quién se beneficia. Muchas organizaciones aún no tienen esos procesos estructurados en su operación diaria. A esto se suman obligaciones sobre ética, transparencia y prevención de lavado de activos, especialmente relevantes para organizaciones sociales con financiamiento internacional.
3. El fundamento legal del control: una asociación normativa explícita
El informe identifica algo que no es retórica: en Ecuador, el nuevo marco asocia explícitamente a las organizaciones de la sociedad civil con riesgos de financiación de delitos y crimen organizado como justificación para los controles reforzados. No se trata solo de pedir más reportes, es un cambio en cómo el Estado observa a las organizaciones sociales desde su origen.
4. Régimen sancionatorio con causales amplias
Las causales van desde amonestaciones hasta la revocatoria de la personería jurídica. El informe señala que varias están redactadas en términos amplios o indeterminados, lo que incrementa la discrecionalidad administrativa y genera incertidumbre real sobre el nivel de exposición de cada organización. Defenderse formalmente es posible, pero el informe también advierte que los recursos judiciales pueden resultar lentos, costosos y con efectos suspensivos restringidos, algo que organizaciones pequeñas no siempre pueden costear.
5. Códigos de ética y controles sobre fines autorizados
El nuevo marco exige que las organizaciones adopten códigos de ética y sistemas internos de integridad (anticorrupción) orientados a prevenir el uso indebido de recursos. En la práctica, esto significa que no basta con tener buenas intenciones: hay que documentar procesos internos que demuestren que los fondos se usan exactamente para lo que los estatutos dicen. Además, la autoridad puede controlar que las actividades y el uso de recursos se mantengan dentro de los fines declarados, lo que pone en revisión permanente la coherencia entre lo que la organización dice que hace y lo que realmente ejecuta.
6. Quiénes están más expuestas
El informe identifica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos, libertad de expresión y control del poder público son especialmente vulnerables a estos riesgos regulatorios. A esta lista se sumarían también aquellas involucradas en temas ambientales. No porque haya una lista explícita, sino porque el margen de apreciación administrativa recae con más fuerza sobre quienes inciden en esos temas.
La transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más exigentes por parte de donantes y ahora también desde el Estado. El terreno cambió, y navegarlo hoy exige más orden institucional, más capacidad administrativa y más claridad sobre el marco legal que antes.
Dejamos el informe completo acá 🔗 https://fundamedios.org.ec/nuevo-informe-regional-alerta-sobre-el-avance-de-regulaciones-que-restringen-el-espacio-civico-en-america-latina/
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